En la mayoría de las jurisdicciones, los niños menores de cierta edad no son penalmente responsables de sus acciones. Esta edad varía de un país a otro, pero suele oscilar entre los 7 y los 14 años. Sin embargo, los niños aún pueden enfrentar consecuencias legales por su mala conducta, que incluyen:
* Intervención policial: Los agentes de policía pueden detener a niños sospechosos de haber cometido un delito, e incluso pueden arrestarlos si creen que el niño representa un peligro para ellos mismos o para los demás.
* Tribunal de menores: Los niños acusados de haber cometido un delito pueden comparecer ante un juez de menores. El juez puede ordenar que el niño participe en una variedad de programas, como asesoramiento, servicio comunitario o libertad condicional. En algunos casos, el juez también puede ordenar que el niño sea internado en un centro de detención juvenil.
* Responsabilidad parental: En algunos casos, los padres pueden ser considerados responsables del mal comportamiento de sus hijos. Esto es especialmente cierto si los padres sabían o deberían haber sabido que era probable que su hijo cometiera un delito. Se puede ordenar a los padres que paguen restitución a las víctimas de los delitos cometidos por sus hijos, e incluso pueden ser acusados penalmente si se determina que han sido negligentes al supervisar a sus hijos.
Es importante tener en cuenta que las consecuencias legales del mal comportamiento de los niños pueden variar significativamente de una jurisdicción a otra. Los padres y tutores deben estar familiarizados con las leyes de su zona para comprender las posibles consecuencias de las acciones de sus hijos.