Constituciones de Clarendon: Enrique II promulgó un conjunto de leyes conocidas como las Constituciones de Clarendon en 1164. Estas leyes buscaban limitar el poder y los privilegios de la Iglesia en Inglaterra, particularmente con respecto al nombramiento de obispos y la jurisdicción sobre el clero acusado de crímenes. Becket, como arzobispo de Canterbury, se opuso a las Constituciones por considerarlas una infracción de la autonomía de la Iglesia.
Inmunidad eclesiástica: Enrique II quería afirmar su control sobre el clero y ponerlo bajo la jurisdicción de las cortes reales. Becket, por otro lado, creía que el clero sólo debería estar sujeto a los tribunales eclesiásticos, argumentando a favor del derecho de la Iglesia a gobernar sus propios asuntos.
Nombramiento de obispos: Enrique II quería tener voz en el nombramiento de los obispos, asegurándose de que le fueran leales y apoyaran sus políticas. Becket insistió en que la selección de obispos debería basarse únicamente en el mérito religioso, sin interferencia real.
Conflicto de jurisdicción: El conflicto se intensificó cuando un escribano llamado Philip de Brois fue acusado de un delito y reclamado tanto por los tribunales reales como por el tribunal eclesiástico. Becket se negó a entregar al secretario a las cortes reales, argumentando que violaba la jurisdicción de la Iglesia.
El desacuerdo entre Enrique II y Becket simbolizó una lucha más amplia entre la monarquía y la Iglesia por el control y la autoridad. El conflicto culminó con el asesinato de Thomas Becket en la catedral de Canterbury en 1170 por caballeros leales a Enrique II. El asesinato de Becket provocó una reacción violenta significativa y finalmente resultó en que Enrique II hiciera concesiones y reafirmara los privilegios y la independencia de la Iglesia.